De impuestos y calumnias: la verdadera historia detrás del impuesto al tabaco – Por Carlos Zapata*
En medio de las discusiones sobre el impuesto interno al tabaco, han surgido comentarios desde sectores que abogan por mantenerlo en un 70%, vinculando la propuesta a supuestos intereses corporativos. Frente a estas afirmaciones, quiero dejar claro que son simples “habladurías” sin fundamento, resultado de la colusión entre actores de la dirigencia venal y la industria que evita pagar los impuestos.
En declaraciones a medios nacionales y provinciales, expliqué que la caída del 50% en la recaudación del impuesto interno sobre tabacos desde diciembre de 2017 es un hecho que no se puede pasar por alto. Al analizar las cifras, observamos una discrepancia significativa: mientras la venta de cigarrillos disminuyó solo un 5%, la recaudación cayó abruptamente.
Es crucial entender cómo la reforma de diciembre de 2017, impulsada por la industria del cigarrillo y apoyada por representantes de la producción, resultó ser un fracaso. En lugar de fortalecer la recaudación, la modificación de la ley redujo la tasa al 70% y estableció un impuesto mínimo fijo. Esta reforma generó conflictos legales, con empresas cuestionando la constitucionalidad del impuesto mínimo.
La iniciativa que se presentó como una mejora terminó siendo perjudicial. La ley de 2017 se convirtió en una herramienta insegura y discutible ante la Justicia, incumpliendo sus objetivos declarados. El perjuicio se extiende a los ingresos del fisco nacional, la suma coparticipable y los ingresos de los productores, al reducir el Fondo Especial del Tabaco.
Se ha señalado a las empresas fabricantes que discuten la constitucionalidad del impuesto mínimo como “evasoras”, pero esta calificación cae por tierra ante el pronunciamiento judicial. Personalmente, al asumir mi cargo como diputado de la Nación, reclamé en la AFIP por la falta de cobro del impuesto de acuerdo a la ley, y la respuesta fue clara: los pronunciamientos judiciales deben ser respetados.
La situación demandaba atención, y la propuesta en el proyecto de la Ley de Bases busca abordar estas problemáticas de manera integral. Es imperativo corregir las deficiencias de la ley de 2017 para garantizar un sistema tributario equitativo que beneficie tanto al Estado como a los productores.
En ese contexto en su columna titulada “La irrupción de un centro criollo…” publicada el 18 de enero de 2024 en el Diario La Nación, el periodista Carlos Pagni se refirió a mi persona como “el kirchnerista salteño”, lanzando acusaciones infundadas sobre supuestas maniobras para favorecer a una empresa tabacalera. Denominar estas afirmaciones como “habladurías” y usarlas con el modo condicional no solo constituye una conducta cobarde, sino que también mancha la integridad de la labor legislativa y desvirtúa el noble ejercicio del periodismo. Tales hechos y las suposiciones respecto a mi persona, así como en relación a mi postura respecto al tratamiento del texto legislativo mencionado y mi afiliación partidaria, son absolutamente falsos y erróneos, mancillando mi honor y buen nombre, lo cual me agravia profundamente. Se trata de una “Fake news”; no soy kirchnerista y no formo parte de ningún tipo de acuerdo para beneficiar a una empresa tabacalera en particular
En definitiva, mi compromiso como legislador y como integrante de La Libertad Avanza persiste. Las discrepancias son parte del debate democrático, pero mi propósito es claro: trabajar incansablemente por el bienestar de los tabacaleros y contribuir a un equilibrio fiscal que beneficie a todos los argentinos. La Patria es Ahora, y mi deber es representar y luchar por los intereses de mi provincia y del país.
* Diputado Nacional Ahora Patria. Contador público.